CNDS anuncia medidas extraordinarias para combatir la delincuencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció una serie de medidas extraordinario para combatir el criminalidad en Honduras después de revisar el plan “Solución al Crimen”.

Una de las primeras medidas anunciadas por la presidenta Xiomara Castro fue la intervención inmediata de los municipios con mayores niveles de criminalidad en el país por parte de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa, miembros del pleno del CNDS.

Entre las resoluciones tomadas por el consejo, que está integrado por los presidentes de los tres poderes del Estado y altos funcionarios del país, destacan: la intervención de los municipios, la construcción inmediata de un centro de detención de emergencia, iniciar la licitación proceso para la construcción del penal en Islas del Cisne, reformas al código penal y aprobación en el Congreso Nacional de las leyes para el control de la venta de tarjetas SIM y la Ley de Colaboración Efectiva.

La lectura de las diferentes resoluciones estuvo a cargo de los titulares de las diferentes instituciones encargadas de liderar estas medidas que buscan enfrentar la ola de criminalidad que azota al país.

1. El Secretario de Estado en las Oficinas de Seguridad, el Secretario de Estado en la Oficina de Defensa, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público PMOP, deberá planificar y ejecutar de inmediato intervenciones urgentes en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por pandillas, maras y bandas del crimen organizado.

2. En virtud de esta situación de Emergencia declarada en materia de Seguridad, se ordena la construcción inmediata de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20 mil reclusos en el despoblado entre los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios, preparando las instalaciones necesarias. espacios físicos propiedad del Estado de Honduras para el mismo fin. Los privados de libertad actualmente recluidos en el sistema penitenciario nacional, procesados ​​por los delitos señalados anteriormente en esta resolución, serán trasladados de inmediato a este centro de detención de emergencia (CRE).

3. Se ordena la captura inmediata de identificados autores intelectuales, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables (se adjunta lista). Asimismo, establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios de las zonas que representan mayor incidencia delictiva.

4. Intensificar la investigación y los operativos para localizar, erradicar, asegurar y destruir plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.

5. ISLAS DE LOS CISNES. Con la respectiva Licencia de Impacto Ambiental, la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá iniciar el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este Centro de Detención Penitenciario en un plazo máximo de dos semanas.

6. El Congreso Nacional debe reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y grupos del crimen organizado que cometan delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionados con estos delitos, están clasificados como terroristas.

7. El Congreso Nacional debe reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva se aplique a todas las personas en proceso de proceso por los delitos antes descritos, así como incorporar una medida de juicio colectivo para estos delitos.

8. El Congreso Nacional someterá a aprobación en tercer debate la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Efectiva. Si las empresas autorizadas que comercializan esta tecnología se niegan a cumplir con esta resolución, su licencia será legalmente cancelada.

9. El Congreso Nacional debe reformar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida e integridad física de los operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: Policías y Militares, Jueces y Fiscales. 10. Acuerdo de Reforma No. 01-2016. del Directorio del Banco Central de Honduras, Reglamento para Servicios de Pagos y Transferencias mediante Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas.

11. La Corte Suprema de Justicia debe establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso de brazaletes electrónicos u otros medios técnicos para la custodia de los imputados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país, que puedan reemplazar los altos costos de las permanentes. vigilancia. por personal Policial o Militar, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o que viven con alguna discapacidad. Este beneficio no cubre a las personas procesadas por los delitos a que se refiere esta resolución.

12. La Corte Suprema de Justicia se compromete el lunes 17 de junio de 2024 a designar el número de Jueces y demás personal solicitado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar de Orden Público para los operativos de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia. de estos crímenes.

13. La Fiscalía General del Estado se compromete a designar el número de Fiscales y demás personal solicitado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar de Orden Público el lunes 17 de junio de 2024 para los operativos de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia. de estos crímenes.

14. La Secretaría de Estado en las Oficinas de Seguridad Pública será responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Estado en las Oficinas de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar de Orden Público la ejecución de este Plan de Soluciones Radicales Contra la Delincuencia.