TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Zelaya Rosalesexpresidente de la nación y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro, cuestionó a las Naciones Unidas (Naciones Unidas) porque, según él, el organismo supranacional está retrasando la instalación la Comisión Internacional Hondureña contra la Corrupción y la ImpunidadPOLLO).
‘Mel’ afirmó que el Ejecutivo estaba dispuesto, pero diversas circunstancias impidieron que llegara la Comisión.
“Xiomara solicitó que la CICIH y el Congreso permitan que la CICIH llegue desde el primer día. La ONU puso mil condiciones y tenemos que preguntarles por qué ponen tantas condiciones, ya deberían estar aquí», afirmó.
El expresidente agregó que “de los 14 puntos solicitados por la ONU, cinco puntos son necesarios para la instalación de la CICIH”.
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Al mismo tiempo, recordó que “cuando llegó la OEA con la MACCIH no le pusieron condiciones a Juan Orlando (Hernández), él vino y arregló; – Estuvo en contacto con la fiscalía y el tribunal.
Sobre estas condiciones, señaló que «hay varios instrumentos que sólo pueden adoptarse en el Congreso Nacional, y esas son reformas constitucionales».
Finalmente, señaló que para una reforma constitucional se necesitan 86 votos y obtener esa cantidad de votos es sumamente complicado.
«Queríamos que vinieran y persiguieran la corrupción y el saqueo que ocurrieron aquí durante los 12 años de gobierno nacionalista», concluyó.
Posición de la ONU
Aunque el gobierno ha dicho que la ONU está retrasando el proceso, el organismo supranacional ha dejado claro lo contrario, culpando al Estado de pocas reformas.
En abril pasado, la Coordinadora Residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, dijo a EL HERALDO que «se necesitan condiciones para firmar un posible mecanismo, y con ello la firma de un posible acuerdo».
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Y el gobierno ya pidió a la ONU firmar el acuerdo y luego implementar las reformas legales solicitadas al poder legislativo, lo que no gustó a la ONU.
«Los términos son críticos para cualquier firma, es necesario que haya claridad sobre los próximos pasos y los términos prioritarios dentro del propio gobierno», admitió Shackelford al periódico en abril.
Entre las reformas solicitadas está una revisión de la ley de amnistía política aprobada por el actual gobierno que otorgó cartas de libertad a ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya.
Al mismo tiempo, se debe abolir la inmunidad de los representantes y se debe garantizar que la CICIH no sólo investigue, sino que también juzgue judicialmente.