La máxima instancia judicial de Guatemala ha rechazado en un primer análisis seis peticiones de antejuicio contra varios servidores públicos, entre los que se encuentran la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. Estas peticiones han sido denegadas sin evaluar el fondo del caso, ya que se consideró que no tenían una base legal y obedecían a motivaciones políticas.
Una de las solicitudes fue presentada por el Ministerio Público (MP) contra la jueza Marjorie Azpurú, del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por presuntas irregularidades en su desempeño judicial. Sin embargo, la CSJ determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos legales necesarios para proceder con el antejuicio, por lo que fue rechazada in límine.
Una nueva demanda fue presentada por el grupo 48 Cantones de Totonicapán en contra de la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. Los quejosos señalaron a ambos de intentar impedir la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, argumentando que sus acciones pretendían evitar que tomaran posesión. No obstante, la CSJ determinó que la denuncia no tenía fundamentos legales suficientes y estaba influenciada políticamente, por lo que fue desestimada sin analizar el fondo del caso.
Estas decisiones de la CSJ han generado diversas reacciones en la sociedad guatemalteca. Por un lado, algunos sectores consideran que la Corte actuó correctamente al desestimar solicitudes que no cumplían con los requisitos legales, defendiendo así la independencia del poder judicial. Por otro lado, hay quienes interpretan estas resoluciones como una protección a funcionarios cuestionados, lo que podría percibirse como una falta de voluntad para investigar posibles actos de corrupción o abuso de poder.
Es crucial destacar que la desestimación inicial de una petición de antejuicio no significa la exoneración de los funcionarios involucrados, sino que simplemente refleja que, en ese instante, el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para avanzar con la eliminación de la inmunidad y autorizar su investigación. Esto no evita que, posteriormente, nuevas pruebas o acusaciones puedan dar lugar a otras peticiones de antejuicio.
En este contexto, la sociedad guatemalteca continúa atenta al desempeño de las instituciones encargadas de la justicia y la lucha contra la corrupción. La transparencia, la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial son fundamentales para fortalecer el estado de derecho y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su posición o influencia, sean tratados con equidad ante la ley.
La reciente decisión de la CSJ subraya la importancia de contar con mecanismos legales sólidos y transparentes para la fiscalización de los funcionarios públicos. Es esencial que las denuncias sean evaluadas de manera objetiva y que se eviten los intereses políticos que puedan empañar la justicia. Solo así se podrá avanzar hacia una Guatemala más justa y democrática, en la que la justicia sea accesible y efectiva para todos.
